Prohibir las comisiones bancarias, ¿una política adecuada?

A principios de noviembre de 2018, se propuso en el Senado mexicano la prohibición de 14 comisiones bancarias con el objetivo de “hacer más justa e igualitaria la relación entre los ciudadanos y la banca.” La razón es sencilla: el crédito es limitado y caro, por lo que la prohibición parece ser lo más fácil; sin embargo, existe evidencia de que este tipo de políticas públicas no resuelve el problema de trasfondo que es la inclusión de aquellas personas que jamás se han beneficiado de un servicio financiero.

De acuerdo con un estudio realizado por Castellanos y autores, la presencia de asimetrías de información y externalidades negativas en clientes con un débil o nulo historial crediticio, como trabajadores informales o personas de bajos recursos, vuelve el proceso de inclusión financiera complicado y riesgoso. Con información de un banco grande en México y una tarjeta de crédito específica para este sector poblacional, los autores analizaron una muestra representativa a nivel nacional por un periodo de 26 meses. Como herramientas de medición, utilizaron métodos de machine learning y modelos econométricos (OSL) con el fin de predecir el comportamiento futuro de los clientes y medir los impactos que presentan los clientes ante cambios contractuales.

Los autores estimaron que si el riesgo para un banco proviene de una alta probabilidad de impago en clientes riesgosos (19% de la muestra) y esta se debe a una tasa de interés elevada (55% anual), entonces, al disminuir la tasa, el nivel de impago debería disminuir. Para ello, analizaron los contratos de los clientes con el banco, establecieron como base una tasa anual del 45% y un pago mensual mínimo del 5%, y modificaron ambos valores para saber cuál sería el impacto en el nivel de impago (default).

Así, en el estudio se encontró que incluso una caída drástica en la tasa, del 45 al 15%, tiene una débil reducción en el nivel de impago, tan solo del 2.6% en promedio. Como posible explicación a este comportamiento, los autores mencionan la presencia de choques externos negativos, como la pérdida del empleo que compensa el efecto favorable de una reducción en la tasa. En cuanto al pago mensual mínimo, un aumento del 5 al 10% no presenta resultados significativos que permitan confirmar una variación en el nivel de impago, aunque el nivel de deuda sí logra reducirse ligeramente. Asimismo, reducir la tasa implica una pérdida monetaria para el banco, al igual que elevar el pago mínimo por el menor nivel de transacciones. Por tanto, reducir precios a un sector vulnerable no reduce el riesgo de impago, impacta negativamente al banco, y las asimetrías de información no desaparecen.

En cuanto a los incentivos en el sector bancario, otorgar una tarjeta de crédito a un nuevo cliente significa mayores ingresos para el banco, pero también representa una externalidad positiva para el mercado, ya que, al generar un nuevo historial crediticio, este puede ser utilizado por la competencia para ofrecer mejores condiciones. En el estudio, se muestra que hay una correlación positiva entre el score (puntaje crediticio) y la cancelación de una tarjeta de crédito por mejores condiciones ofrecidas por la competencia, generando así una pérdida para el banco que otorgó el primer crédito y afectando así sus incentivos para incorporar nuevos clientes en su cartera de crédito.

Una de las consecuencias de caer en impago para este tipo de clientes, de acuerdo con el estudio, es que su probabilidad de incursionar nuevamente en el mercado crediticio formal se reduce en un 80%. Además, recurrir como alternativa al crédito informal (cooperativas, tandas, préstamos de amigos) implica contar con un menor plazo del crédito, un menor monto (seis mil pesos mexicanos menos en promedio), y un costo mayor de alrededor del 30%, lo cual reduce aún más el bienestar del consumidor.

En conclusión, una prohibición en precios, en este caso un ajuste de tasas de interés como una aproximación a la prohibición de comisiones bancarias, no atiende el problema central que es la inclusión financiera. Ello, ya que este tipo de políticas públicas no soluciona el problema de impago por parte de los sectores más riesgosos, el cual es un factor crucial para que los bancos tengan incentivos para adentrarse en sectores con un nulo o precario historial crediticio. Por tal motivo, implementar una política de este tipo puede llegar a ser contraproducente y afectar lo que realmente se desea proteger que es el bienestar económico de los hogares más vulnerables.

Article source: Castellanos, Sara G., Diego Jiménez Hernández, Aprajit Mahajan, and Enrique Seira, “Financial Inclusion and Contract Terms: Experimental Evidence From Mexico.” NBER Working Paper No. 24849 (July 2018).

Featured photo: cc/(dobok, photo ID: 488306816, from iStock by Getty Images)